El presidente ejecutivo de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), Ing. Álvaro Tejerina Olivera, presentó este miércoles una querella penal ante el Fiscal de Materia del Ministerio Público, en el marco de una investigación sobre presuntos delitos cometidos durante la gestión de antiguos funcionarios de la siderúrgica.
La acción legal apunta a los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos y conducta antieconómica, según lo establecido en los artículos 153, 154, 221, 222 y 224 del Código Penal.
Los querellados incluyen a Jorge Alvarado Rivas, ex presidente ejecutivo interino de la ESM; Álvaro Gabriel Guzmán, ex asesor legal de la empresa; y Justo Luis Ernesto Linares Guzmán, ex fiscal general del contrato Llave en Mano N° 001/2016. Posteriormente, la investigación se ampliará a otras personas y se complementará con la auditoría correspondiente.
“Decirle a todos los porteños, a la provincia Germán Busch, a los cruceños y a todos los bolivianos que esta presidencia dará con los responsables de todo el daño económico al Estado, ocurrido en más de 20 años en la Empresa Siderúrgica del Mutún”, aseguró Tejerina Olivera.
El Mutún: un proyecto estratégico para Bolivia
El yacimiento del Mutún es uno de los depósitos de hierro más grandes del mundo, con reservas estimadas en 40.000 millones de toneladas de hierro y 10.000 millones de toneladas de manganeso. La explotación de estos recursos permitirá a Bolivia reducir la dependencia de importaciones de acero y generar ingresos significativos.
La ESM tiene como meta producir 200.000 toneladas anuales de barras corrugadas y alambrón, lo que permitirá sustituir el 50% de las importaciones de acero y generar más de 175 millones de dólares anuales en ingresos para el país.
Con esta acción judicial, la ESM busca garantizar la transparencia en la administración del proyecto y sancionar a quienes hayan perjudicado los recursos del Estado durante las últimas dos décadas.
