El Banco Central de Bolivia (BCB) autorizó un financiamiento excepcional al Gobierno nacional por 31.839 millones de bolivianos, mediante una resolución aprobada por su directorio el pasado 27 de enero. El crédito fue otorgado al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) con una tasa anual de 4,55%, un plazo de 35 años y cinco años de gracia para el pago de capital.

Según el documento oficial, los recursos estarán destinados exclusivamente a cubrir obligaciones financieras de corto plazo asumidas por el Estado durante la gestión 2025, en el marco de lo establecido por la Ley 1705 del Presupuesto General del Estado 2026.

La operación permitirá al MEFP reestructurar su carga financiera inmediata, trasladando compromisos urgentes hacia una deuda de largo plazo bajo condiciones consideradas favorables. El crédito fue catalogado como concesional, ya que presenta términos más flexibles que los del mercado financiero tradicional, con un nivel de concesionalidad solicitado no menor al 30%.

El economista Fernando Romero explicó que este tipo de resoluciones habilita al BCB a financiar directamente al Gobierno Central, ya sea mediante créditos o la adquisición de instrumentos del Tesoro General de la Nación, bajo parámetros definidos por su directorio.

Romero advirtió que esta práctica refleja un escenario de dominancia fiscal, en el que la política monetaria se ajusta a las necesidades del fisco, priorizando la continuidad operativa del Estado. En ese sentido, señaló que el objetivo central es cerrar brechas de liquidez, sostener el gasto público, evitar ajustes fiscales inmediatos y garantizar el funcionamiento estatal ante un contexto de restricciones de financiamiento externo y escasez de divisas.

No obstante, el analista alertó sobre riesgos acumulados, como el aumento de la deuda interna, la concentración del acreedor en el propio Banco Central, la pérdida de disciplina fiscal, riesgos monetarios y patrimoniales para el BCB, además de posibles señales negativas para inversionistas, calificadoras de riesgo y ahorristas.

Finalmente, Romero sostuvo que el Banco Central continúa desempeñando un rol cuasi-fiscal, actuando como fuente recurrente de financiamiento del Ejecutivo, lo que —a su criterio— evidencia una erosión de su independencia operativa. Aunque reconoció que la medida beneficia al Gobierno en el corto plazo al permitirle cumplir obligaciones y evitar ajustes impopulares, advirtió que también implica costos estructurales a futuro y un margen de maniobra cada vez más reducido.