LA PAZ – Con el objetivo de frenar el uso de los recursos públicos como herramienta de «asfixia económica» o «premio» a líneas editoriales afines, el diputado Carlos Alarcón (Comunidad Ciudadana) presentó la reposición del Proyecto de Ley de Distribución Equitativa de Publicidad Estatal. La propuesta busca democratizar la pauta publicitaria, asegurando que los fondos —que pertenecen a todos los bolivianos— lleguen a medios privados y digitales bajo criterios técnicos y no políticos.

Uno de los pilares de la norma establece que la asignación de recursos para los medios privados debe ser el doble que la destinada a los medios estatales. El legislador argumentó que las empresas privadas garantizan un mayor pluralismo democrático y una diversidad de canales de expresión para diferentes públicos, a diferencia de los medios estatales que suelen concentrar contenido favorable al Gobierno.

“La asignación debe ser equitativa según las características de cada medio, por más pequeño que este sea. No estamos hablando de TikTokers, sino de periodistas que utilizan plataformas digitales, radio, prensa escrita y televisión para informar”, puntualizó Alarcón.

La propuesta introduce un mecanismo innovador: que sean las propias asociaciones de la prensa y de trabajadores de salud las encargadas de establecer los protocolos de distribución. Una vez aprobado el Presupuesto General del Estado, cada institución remitiría su partida publicitaria a estas instancias gremiales para proceder con la asignación basada en el derecho a la autorregulación que reconoce la Constitución.

El proyecto surge como respuesta a las graves observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en su informe sobre Bolivia denunció una «distribución con sesgo político» y el uso de la pauta oficial como una forma de censura indirecta.

El organismo internacional recomendó a Bolivia:

  • Adoptar un marco normativo integral sin discriminación.
  • Evitar la interferencia en las políticas editoriales.
  • Crear mecanismos de control externo para la asignación publicitaria.

La urgencia de esta ley se acentúa tras las denuncias de noviembre de 2025, cuando se reveló que el gobierno anterior destinó más de 31 millones de bolivianos en publicidad solo para sus últimos cuatro meses de gestión, beneficiando selectivamente a 42 medios. Alarcón lamentó que propuestas similares hayan sido archivadas en el pasado, permitiendo que la «asfixia económica» mediante expedientes tributarios y judiciales siga amenazando a la prensa independiente.