LA PAZ– El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, manifestó su rechazo rotundo al proyecto de ley que pretende criminalizar los bloqueos de carreteras y protestas sociales en el país. A través de un mensaje público, la autoridad advirtió que la normativa, actualmente en revisión legislativa, constituye una herramienta de persecución política que vulnera los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política del Estado (CPE).
Cuestionamientos a la constitucionalidad
Lara aseguró que el proyecto no persigue un fin de justicia, sino que tiene como objetivo silenciar a la disidencia y facilitar una gestión gubernamental basada en decretos, omitiendo el control democrático.
“La ley antibloqueos pretende callar personas, encarcelar inocentes y gobernar por decretos, pisoteando la Constitución”, afirmó el vicepresidente. Según su análisis, esta norma afectaría directamente a sectores vulnerables y activistas, citando como ejemplo a los defensores del litio y a colectivos medioambientales que podrían ser procesados por defender los recursos naturales del país.
El derecho a la protesta en la historia boliviana
Durante su intervención, el vicepresidente defendió el bloqueo como una medida de protesta histórica y legítima en el contexto boliviano. Recordó eventos clave como la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada y los sucesos de octubre de 2019, argumentando que criminalizar estas acciones invalidaría procesos sociales que han sido determinantes para la democracia boliviana.
“Nos van a meter presos a todos aquellos que salgamos a defender la Constitución y la ley”, sostuvo, enfatizando que la normativa busca sancionar a quienes promueven, organizan o incluso financian este tipo de movilizaciones.
Sobre el proyecto de ley
La propuesta legislativa fue presentada originalmente por el diputado Carlos Alarcón (Alianza Comunidad Ciudadana). El proyecto busca tipificar los bloqueos como un delito grave, estableciendo penas de privación de libertad de entre 10 y 20 años.
Actualmente, el documento está siendo analizado por una comisión integrada en la Asamblea Legislativa Plurinacional. La postura de Lara profundiza la brecha política con el Ejecutivo y sectores del oficialismo que impulsan la medida como una solución a la inestabilidad económica y social provocada por los cortes de ruta recurrentes.
