La eliminación de la subvención a los combustibles, mediante el Decreto Supremo 5503, ha generado un clima de tensión social en Bolivia, con protestas y paros convocados por transportistas, sindicatos y colectivos ciudadanos. Mientras tanto, el Gobierno del presidente Rodrigo Paz recibe respaldo internacional y político, destacando a la alianza UNIDAD como el único bloque que apoya la medida.
El aumento inmediato de los precios afecta directamente al transporte y al bolsillo de la población: la gasolina especial llegó a Bs 6,96 por litro y el diésel a Bs 9,80, cifras que regirán por seis meses con ajustes posteriores. En respuesta a las críticas, el Ejecutivo anunció medidas compensatorias, como el incremento de la Renta Dignidad a Bs 500, el Bono Juancito Pinto a Bs 300 y la eliminación de aranceles para insumos del transporte público, con el objetivo de amortiguar los costos operativos del sector.
El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, manifestó públicamente su respaldo a las reformas implementadas por el Gobierno. Según indicó, estas acciones buscan recuperar la estabilidad económica del país y crear un entorno favorable para la inversión y el desarrollo sostenible. Equipos técnicos del BID ya trabajan en Bolivia junto a autoridades y actores privados, enfocados en protección social, modernización del Estado y promoción de inversiones.
Por su parte, la alianza oficialista UNIDAD sostiene que la medida es necesaria para sanear las finanzas públicas, pero reconoce la importancia de acompañarla con políticas sociales de contención. Sin embargo, sectores ciudadanos advierten que la eliminación del subsidio ya impacta en el costo de vida, y las protestas podrían intensificarse en los próximos días.
El BID adelantó que tiene programada una visita institucional a Bolivia en 2026, como parte de un plan de acompañamiento que busca fortalecer la productividad, diversificar exportaciones y atraer capitales, en un contexto de alta polarización social y económica.
