El presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista Espinoza, anunció que la institución llevará a cabo una auditoría jurídica exhaustiva de todos los procesos judiciales relacionados con los hechos de Senkata y Sacaba ocurridos en noviembre de 2019, que dejaron decenas de muertos durante la crisis política que atravesaba Bolivia en ese entonces.
Baptista aclaró que esta medida no surge de una iniciativa propia del Consejo, sino que es el resultado de recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), encargado de dar seguimiento a las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como de la Defensoría del Pueblo, que había solicitado una revisión de más de 80 causas abiertas en relación con esos sucesos.
“La Sala Plena del Consejo ha decidido por unanimidad realizar auditorías jurídicas sobre los procesos iniciados en 2019, emitir un pronunciamiento público y poner en marcha un trabajo de control sobre los casos de Senkata y Sacaba”, explicó el presidente de la institución.
Baptista también se refirió a algunos casos emblemáticos, como el de la expresidenta Jeanine Áñez, precisando que, aunque el Tribunal Supremo revisó una de las sentencias, aún no ha remitido formalmente la resolución al Consejo, lo que impide conocer si se determinaron responsabilidades en contra del juez que emitió la sentencia.
El Consejo de la Magistratura ha solicitado además información al Ministerio Público y al Servicio Plurinacional de Defensa de las Víctimas (CEPDAV), recibiendo listas de los procesos en los que estas entidades han intervenido. Según Baptista, algunos casos siguen en curso, otros han sido sentenciados y algunos han sido rechazados. No obstante, todos los casos serán objeto de control institucional para verificar que se haya respetado el debido proceso.
El presidente del Consejo aclaró que la entidad no tiene competencia para revisar el fondo de las sentencias, pero sí puede sancionar a jueces que hayan actuado fuera del marco legal. “Si encontramos responsabilidades, los jueces serán sancionados según lo estipule la ley”, recalcó.
Con esta auditoría, el Consejo de la Magistratura busca garantizar la transparencia en uno de los episodios más polémicos de la historia reciente de Bolivia, a la vez que pretende dar respuesta a las demandas de justicia de las víctimas de los sucesos de Senkata y Sacaba.
