La Defensoría del Pueblo de Bolivia continúa fortaleciendo su labor en la protección de los derechos de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, incluyendo personas con discapacidad, adultos mayores, personas con VIH, colectivos LGBTIQ+ y personas privadas de libertad.

En entrevista con Radio Actualidad, el Defensor del Pueblo, Pedro Callizaya, destacó que la institución implementa un plan estratégico de atención que prioriza la salud y la protección integral de los derechos humanos. “Dentro de estas poblaciones, priorizamos temas como la salud. Esto es fundamental para las personas privadas de libertad, quienes enfrentan serias dificultades médicas debido al hacinamiento en las cárceles”, señaló.

Callizaya destacó la presentación de un protocolo de atención para personas privadas de libertad con VIH, así como la gestión con el Ministerio de Salud que permitió a los colectivos LGBTIQ+ acceder al Sistema Único de Salud (SUS) de manera inclusiva.

La Defensoría mantiene contacto permanente con la ciudadanía a través de sus delegaciones departamentales, como la de Santa Cruz, liderada por Sheila Gómez, que trabaja con comunidades, municipios y pueblos indígenas, informando sobre la labor institucional y recepcionando inquietudes ciudadanas.

Además, la institución participa en mesas de diálogo sobre incendios forestales, manejo de bosques y violencia infantil y adolescente, promoviendo la coordinación entre sociedad civil e instituciones públicas. “Lo importante es generar espacios de diálogo y reconocimiento mutuo, que fortalezcan la convivencia pacífica y una cultura de paz en el país”, subrayó Callizaya.

El Plan de Acción Defensorial para Poblaciones en Situación de Vulnerabilidad 2024-2028 establece una hoja de ruta estratégica para atender las necesidades específicas de estas poblaciones, enmarcado en las atribuciones constitucionales y legales de la Defensoría y en los compromisos internacionales de Bolivia en materia de Derechos Humanos. Su objetivo es garantizar que estas poblaciones puedan ejercer plenamente sus derechos y participar activamente en la vida social, económica y política del país.