La expresidenta transitoria Jeanine Áñez recuperó su libertad tras cinco años de prisión, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anulara la sentencia condenatoria en su contra, dictada en 2022 por presunta vulneración del orden constitucional durante su ascenso a la presidencia en 2019, tras la renuncia de Evo Morales.
El abogado penalista Dr. Rómel Ípamo explicó que la decisión se adoptó mediante un recurso extraordinario de revisión, previsto en el Código de Procedimiento Penal (Ley 1970, artículos 421 y siguientes), que permite corregir sentencias ejecutoriadas cuando existen incompatibilidades con otras resoluciones, pruebas posteriormente anuladas o delitos cuya existencia se declare inexistente en fallos posteriores.
“Se trata de un procedimiento ajustado a derecho, ya que la investidura de la expresidenta debía ser evaluada en un juicio de responsabilidad administrativa y no en un proceso penal”, señaló Ípamo. En este tipo de juicios, las sanciones son de carácter pecuniario y serán determinadas por el Congreso, sin implicar privación de libertad. Además, destacó que las resoluciones emitidas por el TSJ en febrero de 2025 buscan evitar persecuciones políticas y garantizar los derechos fundamentales de los procesados.
Por su parte, el politólogo Orlando Peralta calificó la liberación de Áñez como un hecho “políticamente simbólico” que coincide con la transición hacia el nuevo gobierno del presidente electo Rodrigo Paz. Según Peralta, este acto marca “un antes y un después” en el proceso de reinstitucionalización y legitimación política en Bolivia.
El analista resaltó la invitación oficial de Áñez al acto de posesión presidencial, junto a otros expresidentes como Evo Morales. Sin embargo, Morales condicionó su asistencia al levantamiento de los procesos judiciales en su contra, lo que fue descartado por las autoridades judiciales. Peralta indicó que esta invitación forma parte del protocolo y refleja un gesto de apertura democrática, aunque subrayó que Morales “aún actúa como si continuara en el poder”.
Sobre Áñez, el politólogo aclaró que su libertad no implica el cierre del proceso judicial, sino que podrá defenderse en libertad, en cumplimiento del debido proceso. “Si cometió un delito, debe asumirlo; si no, tiene derecho a estar libre”, afirmó. Se prevé que la expresidenta retome actividades políticas dentro de la oposición a fines de este mes.
Este episodio genera expectativas en la población y representa un paso relevante dentro de los cambios políticos y judiciales que atraviesa Bolivia, combinando ajustes legales con simbolismos políticos que marcarán la transición hacia el nuevo gobierno.
