La situación en los centros penitenciarios del país, particularmente en el penal de Palmasola, ha generado creciente preocupación entre las autoridades competentes y los organismos de derechos humanos. Informes recientes de la Defensoría del Pueblo, elaborados a partir de visitas de verificación, evidencian un panorama alarmante que afecta de manera desproporcionada a personas privadas de libertad jóvenes, así como a poblaciones en situación de vulnerabilidad, entre ellas personas LGBTIQ+, pueblos indígenas y niños que residen en los recintos penitenciarios junto a sus madres.

En esta oportunidad, la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa fue invitada a participar con el objetivo de conocer de primera mano el análisis de la situación y promover una cobertura responsable y comprometida con la defensa de los derechos humanos en el sistema penitenciario del país.

Detención preventiva: una realidad alarmante

Uno de los principales hallazgos tiene que ver con el abuso de la detención preventiva. Según datos recientes, el 76% de los jóvenes detenidos en Bolivia —es decir, entre 18 y 28 años— están encarcelados bajo esta figura. De ese total, el 34% ha superado el plazo legal máximo de 24 meses sin haber recibido sentencia, lo que representa una grave vulneración a sus derechos constitucionales.

«Durante nuestras incursiones en distintos centros de detención, hemos identificado no solo irregularidades procesales, sino también falta de documentación legal, ausencia de defensores públicos y condiciones de vida precarias», aseguró Sheila Gomez, delegada de la defensoria del pueblo en Santa Cruz

Poblaciones vulnerables: sin protección ni asistencia adecuada

El informe también revela que el 3,65% de los jóvenes detenidos son extranjeros —principalmente de Brasil, Venezuela, Colombia y Perú—, mientras que 179 jóvenes pertenecen a la comunidad LGBTIQ+ y 3.374 a pueblos indígenas. A esto se suman 179 niños, de entre 0 a 6 años, que viven en prisión acompañando a sus madres, muchos de ellos en el penal de Palmasola.

Educación y trabajo: oportunidades casi inexistentes

En cuanto al acceso a educación y formación laboral dentro de los centros penitenciarios, la situación también es crítica. La mayoría de las opciones educativas están enfocadas a nivel superior, dejando vacíos en la educación primaria y secundaria. Además, el 88% de los jóvenes se declaró inconforme con las oportunidades laborales dentro del penal.

Solo el 13% de los jóvenes participa en programas de formación laboral, mientras que el 31% no realiza ninguna actividad económica. Como resultado, muchos se ven obligados a trabajar de mensajeros o voceros, recibiendo dinero de visitas para sobrevivir.

Las opciones productivas, como la carpintería, están mayormente ocupadas por reclusos con varios años de condena, dejando a los jóvenes con pocas o nulas oportunidades de inserción.

Salud deficiente y mala alimentación

En todo el país, el sistema de salud penitenciario cuenta con apenas 45 médicos, 16 odontólogos, 3 psiquiatras y 2 psicólogos para más de 32.000 privados de libertad. En Santa Cruz, por ejemplo, solo hay un psiquiatra para atender múltiples casos. Esta situación limita gravemente el acceso a atención médica, especialmente en salud mental.

Por otra parte, el sistema de alimentación —bajo responsabilidad de los gobiernos departamentales— presenta retrasos de hasta cuatro meses en el pago de los prediarios. Actualmente, se asignan apenas 8 bolivianos diarios por persona para alimentación. Algunos departamentos como Pando y Beni enfrentan los mayores retrasos.

Además, el 25% de las cárceles no tiene acceso continuo a agua potable. Aunque este no es el caso de Palmasola, sí es preocupante en centros como El Abra, en Cochabamba, o Riberalta.

Violencia, extorsión y falta de control interno

La violencia y la inseguridad son problemas estructurales dentro de los centros penitenciarios. El 51,4% de los jóvenes entrevistados manifestó haber sido víctima de malos tratos; de estos, el 43% reportó agresiones por parte de otros reclusos y el 6% por parte de policías.

Además, el 61% declaró sentirse inseguro dentro del penal y el 49,3% denunció cobros ilegales o extorsiones permanentes, como el conocido “derecho de piso”.

Recomendaciones institucionales urgentes

Frente a este diagnóstico, la Defensoría del Pueblo ha emitido una serie de recomendaciones urgentes:

  • Al Ministerio de Educación, mejorar la educación intrapenitenciaria, con especial énfasis en los niveles básico y medio.
  • Al Órgano Judicial, reducir el uso de la detención preventiva, especialmente en jóvenes.
  • Al Servicio de Defensa Pública, garantizar una defensa legal efectiva y oportuna para los privados de libertad.
  • A la Dirección General de Régimen Penitenciario, implementar un sistema progresivo real para fomentar la reinserción social.
  • Al Ministerio de Salud, fortalecer el sistema de atención en salud mental y general dentro de los penales.
  • A los niveles de gobierno (nacional, departamental y municipal), asumir responsabilidades conjuntas para garantizar alimentación adecuada, acceso al agua potable y servicios básicos en las cárceles.

Finalmente, se insta a las autoridades a cumplir con el mandato constitucional respecto a la separación de privados de libertad según su situación legal y a promover el uso de medidas alternativas a la detención preventiva.