Organizaciones sociales afines al expresidente Evo Morales han declarado estado de emergencia y advirtieron que podrían asumir medidas de presión si la justicia determina la liberación de Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho o Marco Antonio Pumari, todos con detención preventiva por distintos procesos vinculados a la crisis de 2019.
Las advertencias surgen mientras se desarrollan audiencias judiciales para revisar la situación legal de los tres acusados, en cumplimiento de un instructivo emitido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Las posibles resoluciones han generado rechazo en sectores del ala “evista” del Movimiento Al Socialismo (MAS), que consideran que una eventual liberación representaría un acto de impunidad.
“El Gobierno de Lucho Arce, Tuto Quiroga y el TSJ no deben jugar con el pueblo. Si liberan a esos señores, nos vamos a levantar”, advirtió Efraín Seña, dirigente de la Federación Carrasco Tropical, desde el trópico de Cochabamba.
La expresidenta Jeanine Áñez enfrenta cargos por los hechos registrados en Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba), donde en noviembre de 2019 murieron más de 20 personas y decenas resultaron heridas durante enfrentamientos con fuerzas del orden. Por su parte, Camacho y Pumari están procesados por su participación en las protestas que derivaron en la renuncia de Evo Morales.
Desde la localidad de Huayllani, escenario de uno de los hechos luctuosos, el dirigente David Veizaga sostuvo que el sistema judicial no debe permitir que los acusados recuperen su libertad. En la misma línea, Dario Manrique, otro dirigente del sector, aseguró que los implicados deberían cumplir hasta 30 años de prisión.
