Pacientes renales y representantes de centros de hemodiálisis realizaron una marcha de protesta en Santa Cruz para exigir al Gobierno el pago de deudas acumuladas con centros de atención médica que brindan servicios a personas con insuficiencia renal. La medida fue encabezada por Marco Antonio Torrez, secretario de organización de la Asociación Vida y Esperanza de los Enfermos Renales.
Según Torrez, el Ministerio de Salud mantiene deudas impagas con varios centros de convenio desde noviembre del año pasado. “Hay centros a los que se les debe seis meses y hospitales que no han recibido pagos desde 2023. Esto ya es constante y se está volviendo insostenible”, denunció.
El dirigente lamentó que la falta de recursos ponga en riesgo la atención médica vital que reciben miles de pacientes. “No queremos correr la misma suerte que corrieron centros como von Weyler, Chema o Davosán, que tuvieron que cerrar porque no podían seguir funcionando sin apoyo. Sin medicamentos ni pagos, esto es insostenible”, afirmó.
Torrez indicó que actualmente entre ocho y nueve centros privados están en paro en la ciudad de Santa Cruz, y si se suman los públicos, el número asciende a trece. Entre los afectados se encuentran los centros de El Bajío, La Pampa, Los Pocitos y La Villa.
La situación afecta a aproximadamente 2.000 pacientes en Santa Cruz, cifra que se incrementa al considerar a personas provenientes de provincias donde no existen centros de diálisis ni las máquinas necesarias para el tratamiento. “En lugares como Vallegrande o Portachuelo se prometieron soluciones que nunca llegaron. La gente de allá tiene que venir a la ciudad para atenderse”, concluyó Torrez.
Los pacientes exigen una pronta respuesta del Gobierno para evitar el colapso del sistema de atención renal y garantizar su derecho a la salud.
