Las autoridades peruanas habrían reforzado los controles migratorios en Desaguadero para contener el flujo irregular de personas. Asimismo, Migraciones ordenó un aumento en los puestos de control y que la policía intensificó la vigilancia en puntos estratégicos del Lago Titicaca ante posibles ingresos irregulares.

Las autoridades peruanas reiteran que los controles en Desaguadero y otros puntos fronterizos continúan con normalidad y que cualquier información sobre operativos extraordinarios será comunicada oficialmente por los canales correspondientes.

El contexto en Bolivia generó un aumento en los intentos de ingreso irregular a Perú. La crisis de desabastecimiento de combustibles mantiene paralizados sectores como el transporte y la producción agropecuaria. Según informes oficiales, el país consume más de 7 millones de litros de diésel al día, pero la producción local no cubre la demanda. Alrededor del 85% del diésel y el 56% de la gasolina consumida en Bolivia es importado. No obstante, la falta de dólares para financiar estas compras generó un colapso en el suministro, derivando en largas filas en las estaciones de servicio y limitando la operatividad del transporte.

Las restricciones de combustible impactó directamente en la economía boliviana, afectando la distribución de bienes básicos y generando protestas en diversas regiones. En el pasado, el gobierno boliviano ha recurrido a Perú, Chile y Paraguay para abastecerse de diésel. Sin embargo, las importaciones no logró cubrir la demanda total del país.

La crisis boliviana también ha fortalecido el comercio informal en la frontera con Perú. En la región de Puno, el contrabando de productos esenciales se intensificó. El pueblo de Virupaya, ubicado a 215 kilómetros de La Paz, se conirtió en un punto clave para el tráfico de mercancías. Según un reportaje de Latina, la falta de controles en esta zona permite que alimentos, combustibles y otros productos sean trasladados sin restricción a territorio peruano.

La ausencia de oficinas de migración y aduanas en Virupaya facilita el comercio ilegal. Los productos bolivianos son descargados en almacenes improvisados y posteriormente transportados a ciudades como Juliaca y Huancané. Esta práctica afecta la economía local, ya que los comerciantes peruanos no pueden competir con los precios del contrabando. Las autoridades han identificado múltiples rutas informales utilizadas para este comercio, pero la falta de infraestructura y personal dificulta su control.

La Policía Nacional del Perú ha intensificado la vigilancia en los pasos irregulares, pero la extensión de la frontera y la demanda de productos en ambos países complican la situación. A medida que la crisis en Bolivia continúa, las autoridades peruanas se mantienen en alerta para evitar que el flujo de ingreso irregular incremente la presión sobre los controles migratorios en la frontera sur del país.

Contrabando sin control

En la zona fronteriza de Puno, la localidad de Virupaya se ha convertido en un epicentro del contrabando entre Perú y Bolivia. Situada a unos 215 kilómetros de La Paz y cerca del Lago Titicaca, esta comunidad opera sin una supervisión estatal efectiva, lo que ha permitido el crecimiento descontrolado del comercio ilegal.

A diferencia de otros puntos fronterizos, en Virupaya no existen oficinas de migración ni puestos aduaneros, lo que facilita el ingreso sin restricciones de mercancías bolivianas como arroz, azúcar, aceite, fideos y combustibles subsidiados. Estos productos son vendidos en los mercados peruanos a precios mucho menores que los nacionales.